Los fondos europeos del Plan de Recuperación, a los que se ha puesto el nombre de Next Generation, comienzan a desplegarse en diferentes ámbitos y sectores. Suponen una oportunidad histórica para avanzar en la transformación social, eje fundamental de las acciones de CERMI. Tenemos ante nosotros un importante reto para orientar los sistemas de apoyo hacia las personas y sus familias, desde un enfoque de derechos humanos, coordinación de políticas, sostenibilidad económica y también medioambiental. Todo ello pasa por una fuerte dimensión comunitaria. 

 

Así, los proyectos de desinstitucionalización y prevención de la institucionalización que han sido financiados recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, pueden ser elementos tractores de cambio. Pero, no es solo cuestión de fondos económicos. El cambio pasa principalmente por un cambio cultural profundo que supone la aceptación en el espacio social de todas las personas en plano de igualdad. Hoy se discute, y aparece publicado en la prensa, el tamaño de las futuras residencias en el marco del Sistema de Dependencia. Sería triste que la promoción de la innovación social conviviera con marcos regulatorios obsoletos para la próxima década. Precisamos de más ambición en los marcos normativos para hacer posible un tránsito seguro desde un sistema de instituciones a otro de servicios sociales de larga duración en comunidad, tal y como mandatan las instituciones internacionales (OMS julio 2020).

 

Poder disfrutar de una vida en comunidad supone asegurar unos recursos básicos para toda la población. No podemos pensar que se puede “gestionar en economía de escala” una vida más barata para una parte importante de la sociedad, sean personas con discapacidad o personas mayores. La lógica mercantil subyacente debe ser sustituida por un marco de derechos de ciudadanía y sostenibilidad social respetuosa con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿O no hemos aprendido nada de los estragos provocados por la pandemia? 

 

La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia requiere de una revisión profunda para que rote a sistemas de apoyo flexibles, de calidad y personalizados, sistemas coherentes con los proyectos innovadores que estamos desplegando desde los procesos de desinstitucionalización. El poder de planificación de los apoyos debe residir en la persona y su familia. Falta un impulso renovador que sostenga el timón del cambio ante las presiones y resistencias a avanzar. 

 

Una ley Estatal de Garantías de Derechos Sociales tiene sentido para asegurar la equidad de acceso a sistemas sociales de apoyo, de modo que estos aseguren que el Estado desde su naturaleza social, vela por una adecuada orientación de las diferentes políticas y sistemas de protección para la plena inclusión de toda la ciudadanía, especialmente de las personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

 

Si no arbitramos políticas adecuadas a las auténticas necesidades de las personas, corremos el peligro de hacernos trampas al solitario y generar grandes proyectos de transformación que se desarrollen en contextos de política social incapaces de responder a las grandes reformas estructurales necesarias para hacer posible una sociedad más incluyente, próspera, justa y sostenible.